Después del trágico derrame de petróleo en las costas peruanas, la situación es alarmante. A pesar de que se iniciaron más de 36 procedimientos administrativos contra la Refinería La Pampilla SAA (Relapasaa), la evaluación de los 18 planes de rehabilitación que buscan restaurar el mar y sus recursos aún no concluye.
El 15 de enero de 2022, aproximadamente 12 000 barriles de petróleo se derramaron desde una instalación de la Refinería La Pampilla, en el mar de Ventanilla. Este incidente no solo afectó gravemente la biodiversidad marina, sino que también impactó la vida de miles de personas que dependen de actividades relacionadas con el mar.
Las comunidades afectadas, que incluyen Ventanilla, Aucallama, Ancón, Chancay, Huacho y Santa Rosa, exigen reparaciones económicas y la remediación de las áreas dañadas, muchas de las cuales aún presentan residuos de hidrocarburos. A pesar de los esfuerzos de diversas entidades, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), las promesas de indemnización y recuperación son insuficientes.
Después del trágico derrame de petróleo en las costas peruanas, la situación es alarmante. A pesar de que se iniciaron más de 36 procedimientos administrativos contra la Refinería La Pampilla SAA (Relapasaa), la evaluación de los 18 planes de rehabilitación que buscan restaurar el mar y sus recursos aún no concluye.
El 15 de enero de 2022, aproximadamente 12 000 barriles de petróleo se derramaron desde una instalación de la Refinería La Pampilla, en el mar de Ventanilla. Este incidente no solo afectó gravemente la biodiversidad marina, sino que también impactó la vida de miles de personas que dependen de actividades relacionadas con el mar.
Las comunidades afectadas, que incluyen Ventanilla, Aucallama, Ancón, Chancay, Huacho y Santa Rosa, exigen reparaciones económicas y la remediación de las áreas dañadas, muchas de las cuales aún presentan residuos de hidrocarburos. A pesar de los esfuerzos de diversas entidades, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), las promesas de indemnización y recuperación son insuficientes.
Alcance del daño ambiental y económico
El impacto del derrame fue devastador, afectó un área de aproximadamente 18 000 kilómetros cuadrados y dejó huella en 48 playas de Lima y Callao. Además, pone en riesgo el sustento de cerca de 2500 pescadores y trabajadores de la zona. Investigaciones como la de Pulido Capuro, científico peruano, en 2022, destacan que el derrame causó daños ambientales, sociales y económicos significativos que afectan tanto a la población residente como a la flora y fauna del litoral costero de Ventanilla y áreas cercanas.
Apenas una semana después del desastre, el 22 de enero de 2022, el Ministerio del Ambiente declaró la zona en emergencia ambiental mediante la Resolución Ministerial 021-2022-MINAM. En este contexto, se enfatizó que el derrame tuvo un impacto considerable en el ecosistema marino, la diversidad biológica y presentó un alto riesgo para la salud pública. Como respuesta, se implementó un Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo (PAICP) con el objetivo de abordar la situación y mitigar la contaminación.
Percy Muñaico: «Los estudios del OEFA evidencian la gravedad de la contaminación marina»
En una entrevista para el Diario La Otra Cara, Percy Muñaico, director de la ONG Conciencia Marina, sostuvo que el Estado no tiene las capacidades necesarias para enfrentar a una empresa tan grande como Repsol. Muñaico destacó que, aunque Repsol insiste en atribuir el residuo a los aceites de las embarcaciones de pescadores, resulta poco creíble que la acumulación ocurre únicamente en las playas afectadas, mientras que otras zonas, como el Callao, no presentan las mismas manchas.
Percy Muñaico, describe la respuesta de Repsol como “precaria y lamentable” y denuncia la falta de preparación de la empresa ante el desastre. Señaló que esperaron más de 24 horas para tomar acción y que no contaban con las válvulas de seguridad necesarias. Según Muñaico, el impacto no se limitó solo al medio ambiente, sino que también afectó severamente a las comunidades pesqueras y a la biodiversidad en áreas protegidas. “Hay más de 1800 aves muertas, además de familias de nutrias en peligro de extinción que fueron dispersadas o fallecieron en la bahía”, lamentó. La zona afectada incluye áreas protegidas como la Bahía de Ancón y la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, donde la fauna y flora fueron gravemente afectadas.
Críticas a la respuesta estatal y la lenta intervención
A pesar de la gravedad del desastre, Muñaico critica que la respuesta estatal fue lenta y limitada. Indica que la instalación de cisternas de agua para el muelle de Ancón tomó cerca de dos meses en concretarse. “El Estado recién llegó cuando la población empezó a quejarse. Hasta entonces, los pescadores traían agua de otras zonas y su costo incrementó”, explicó Muñaico.
Aunque se iniciaron procesos judiciales entre Repsol y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) por el daño ambiental, Muñaico advierte que estos serán procesos largos y de resultado incierto. Asegura que Repsol no asume una responsabilidad completa, limitándose a ofrecer compensaciones económicas basadas únicamente en el beneficio cesante, sin incluir el impacto psicológico o las afectaciones a la salud de los pescadores.
Muñaico explicó que, tras un mes y medio del derrame, Repsol comenzó a ofrecer un apoyo económico a los pescadores, pero su alcance era limitado. “Les dieron 500 soles cada 25 días, pero en junio y julio, bajo presión de los mismos pescadores, aumentaron a 3000 soles cada 45 días. Aun así, ese monto no cubriría las necesidades básicas”, afirmó.
Cláusulas controversiales que afectan a los pescadores
En diciembre de 2023, muchos pescadores firmaron un acuerdo de compensación extrajudicial que estipulaba un pago de hasta 70 000 soles, aunque el saldo final era menor debido a adelantos anteriores. Sin embargo, una de las cláusulas del acuerdo prohibía cualquier demanda posterior contra Repsol. “La firma del acuerdo se realizó en condiciones casi imposibles; no se les permitió ingresar con celular, lo cual limitaba su acceso a una copia del documento que firmaban”, explicó Muñaico, y agregó que uno de los pescadores logró fotografiar el contrato y compartirlo con la comunidad y otras ONG. “La vía judicial es un camino largo, y aunque los pescadores tienen hambre y necesidades, el proceso para invalidar el acuerdo es arduo”.
La huella del petróleo: efectos del crudo sedimentado
La comunidad de pescadores artesanales lucha por justicia tras el devastador derrame de petróleo de Repsol. Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores del Serpentín de Pasamayo Tomaycalla, compartió detalles sobre la situación crítica que enfrentan los afectados y la falta de respuesta tanto de la empresa como de las autoridades.
Melchor expone que el discurso de Repsol, que asegura cumplir con todos los estándares internacionales de seguridad y mitigación, contrasta con la experiencia de las comunidades costeras. “La realidad es que vivimos un desastre ambiental que afecta nuestra fuente de sustento. A pesar de las promesas de la empresa, la pesca ha disminuido y nuestras familias sufren”, lamentó. La pesca, que ha sido el pilar de la economía local, ahora está en peligro, lo que pone en riesgo el futuro de numerosas familias.
El presidente de la asociación también señaló que la falta de apoyo por parte del Estado es alarmante. “Las autoridades a menudo nos dicen que hacen lo posible, pero no vemos acciones concretas. A veces dialogan con nosotros, pero nunca se comprometen a tomar medidas efectivas”, añadió Melchor. La desconfianza hacia las instituciones gubernamentales se ha arraigado, exacerbando el sentimiento de abandono entre los pescadores.
Melchor también destacó la importancia de los comunicados de Repsol, que presentan afirmaciones contradictorias sobre su responsabilidad y la situación en el área afectada. “La Defensoría del Pueblo fue clara en señalar estas contradicciones, incluso en reuniones con altos funcionarios del gobierno. La falta de coherencia en las declaraciones de Repsol no solo confunde a la comunidad, sino que también deslegitima nuestras quejas”, enfatizó. Esto plantea interrogantes sobre la integridad de los procedimientos de respuesta de la empresa y su compromiso con la comunidad.
Las consecuencias del derrame de petróleo en la comunidad de pescadores artesanales del Serpentín de Pasamayo son alarmantes. Germán Melchor revela que la pesca ha disminuido, poniendo en riesgo la fuente de sustento de numerosas familias. “Antes del derrame, podíamos pescar hasta 300 kilos de pescado por día, pero ahora apenas alcanzamos los 50 kilos, y eso si tenemos suerte”, afirma Melchor. La reducción en la captura no solo afecta la economía local, sino que también genera un incremento en la inseguridad alimentaria, ya que muchos hogares dependen completamente de la pesca para su alimentación. Además, el derrame ha causado una disminución en la calidad de los recursos marinos, lo que pone en riesgo la biodiversidad de la zona y amenaza la salud a largo plazo de los ecosistemas marinos, dejando a la comunidad en una lucha por su supervivencia.
La comunidad pesquera también expresa su deseo de que los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se interesen en su situación. “Queremos que el mundo conozca lo que realmente sucede y que el abuso de Repsol no quede impune. Nuestra lucha es por justicia y para que se reconozcan nuestros derechos como afectados”, mencionó Melchor.
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Por: Milagros Calvay
