Por: Edith Vera
El Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) vigente desde 2015.
Esta iniciativa promovía la zonificación forestal (proceso técnico de delimitación de las tierras forestales) hasta que, en julio del 2022, se incluyó un texto sustitutorio que amenaza con incrementar la deforestación en el Perú.
La congresista Silvia Monteza Facho de Acción Popular solicitó incluir esta disposición complementaria que reemplaza la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), herramienta utilizada para categorizar técnicamente el suelo, por una declaración legal basada en el uso potencial de esas tierras.
Ante ello, la bióloga María José Zevallos comentó a Diario La Otra Cara:
“De por sí, ya en el Perú existe un mal manejo de los recursos y no hay supervisión de los lugares que se usan. Las consecuencias que traería son enormes, desde la fragmentación de hábitat, ahuyentamiento de especies y depredación tanto de flora como fauna”.
La disposición también permitirá obtener la titulación de predios rústicos sin contar con este sustento técnico, solo la presunción legal. Además, exonera el trámite para autorizar el cambio de uso del suelo en áreas en posesión.
Precisamente, en Ucayali, productores de palma aceitera han sufrido por las grandes cifras de deforestación que resultan del otorgamiento de constancias de posesión a personas que las vendían a otras empresas palmicultoras. Se dice que esta normativa solo empeoraría la situación.
“Al tomar los terrenos para actividad agrícola o ganadera, el lugar será modificado y los cambios podrían ser irreversibles. Antes de otorgar los títulos es necesario evaluar la zona de manera técnica para evitar tomar decisiones que afecten a la biodiversidad”, añadió Zevallos.
Según el Minam, el 82 % de la deforestación, provocada por la tala indiscriminada y quema de bosques en 2020, se dieron para formar chacras pequeñas a pesar de que el 80% de ellas no eran aptas para realizar este tipo de actividades.
A pesar de ello, la normativa no fue debatida en la Comisión Agraria y cuenta con la negativa del Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Defensoría del Pueblo.
