La Comisión de Energía y Minas del Congreso posee una nueva propuesta para cambiar la normativa sobre la minería artesanal y la pequeña minería. Estaba previsto un debate sobre el proyecto programado el martes 10 de junio, pero fue suspendido y postergado por motivo de cruce de horarios con el pleno del Parlamento.
Bajo este contexto, el politólogo Alberto Ramos analiza esta situación y nos ofrece un punto de vista más allá de la intención para aprobar esta nueva ley.
Buenas noches ¿podría explicar en términos generales qué busca este proyecto de Ley MAPE y sobretodo cuál es el objetivo principal de este?
El proyecto tiene como objetivo brindar un nuevo marco legal para la formalización de estas actividades mineras en el Perú. La idea es reemplazar o mejorar el actual Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que, si bien tuvo buenas intenciones, ha demostrado ser insuficiente para resolver la problemática de la informalidad y la ilegalidad minera. En teoría se busca que la minería de pequeña escala se dé bajo principios de sostenibilidad tanto económica como social.
Uno de los puntos que más ha generado debate es la propuesta de ampliar los límites de producción para la minería artesanal. ¿Qué implicaciones cree usted que podría tener esta medida?
Esa es uno de los puntos más delicados. La propuesta plantea ampliar el límite de producción para la minería artesanal de 25 a 50 toneladas métricas por día. En un inicio podría argumentar que busca adecuarse a la realidad operativa de muchos mineros artesanales que ya superan el límite actual, pero lo hacen en la informalidad. Sin embargo, el riesgo es que esta ampliación, si es que no va acompañada de fiscalización rigurosa, podría incentivar el crecimiento de operaciones que ya no deberían considerarse «artesanales» y que podrían generar impactos ambientales más significativos, sin necesariamente cumplir con los estándares de la minería formal.
Precisamente por este último punto, las organizaciones han expresado preocupación sobre el riesgo de que esta ley, en lugar de formalizar, termine legalizando la minería ilegal. ¿Comparte usted esta preocupación?
Definitivamente. Es una preocupación que comparto. El principal riesgo es que la ley al flexibilizar ciertos requisitos y al no establecer mecanismos de control, se convierta en una puerta de entrada para legitimar operaciones que tienen un origen y desarrollo ilegal. Si no se diferencia entre el minero artesanal que busca formalizarse y las organizaciones criminales que se disfrazan de mineros artesanales, estaremos dando un pase libre a la minería ilegal. Esto podría significar la expansión de la destrucción ambiental, la invasión de territorios de comunidades, áreas naturales y el incremento de actividades ilícitas.
Otro aspecto que me ha llamado la atención es el supuesto beneficio tributario que se otorga a los mineros en proceso de formalización. ¿Estos beneficios son necesarios para impulsar la formalización o podrían generar distorsiones?
Es un arma de doble filo, por un lado, es comprensible que un proceso de formalización requiera incentivos, especialmente para aquellos que han estado operando en la informalidad. Sin embargo, la crítica es que estos beneficios podrían ser percibidos como un trato preferencial en comparación con otros sectores productivos o incluso con la gran minería, que sí cumple con una carga tributaria significativa. La clave estaría en diseñar estos beneficios de manera temporal y condicional al cumplimiento de la formalización, evitando que se genere una competencia desleal o un desincentivo a la formalización plena.
Finalmente, Dr. Ramos, ¿cree que tal como está planteado, logrará su objetivo de formalizar la minería artesanal o considera que se necesitan otros ajustes antes de su aprobación?
Considero que en parte es una buena intención para abordar un problema complejo como la informalidad minera. Y sí, presenta riesgos muy serios si no se realizan ajustes significativos, corre el riesgo de ser una herramienta más para la pseudo-formalización y en la práctica para la expansión de la minería ilegal.
Necesitamos una ley que sea clara en la diferenciación entre el minero de subsistencia que busca un camino formal y las redes criminales. Es vital que el Congreso escuche a todas las partes y actúe con la mayor responsabilidad.
Por: Belén Arce
