
La administración del Congreso de la República ejecutó un gasto aproximadamente de S/ 5 millones en una obra que hoy permanece paralizada. El proyecto, destinado a restaurar el Museo del Congreso y la Inquisición fue por posibles daños patrimoniales que podrían ser irreversibles si se sigue interviniendo sin un rediseño técnico más riguroso.
La restauración del Museo del Congreso y de la Inquisición fue autorizada en julio de 2022 por la entonces Mesa Directiva del Congreso. El proyecto tenía como objetivo recuperar este emblemático espacio ubicado en el centro histórico de Lima, que además funciona como museo de sitio y archivo legislativo. El contrato original, firmado con la empresa Qhapaq Ñan S.A.C., establecía un plazo de ejecución de un año y medio, iniciando a mediados del 2023 y con fecha de entrega para diciembre del 2024.
El proyecto fue paralizado en febrero de 2025 tras la detección de graves observaciones técnicas. Según informes técnicos elaborados por la arquitecta María Córdova, la intervención generaba riesgos estructurales irreversibles en el inmueble, declarado patrimonio histórico. Además, se descubrieron restos coloniales como pisos y criptas en el subsuelo que no habían sido considerados en el expediente técnico inicial, lo que provocó atrasos e incrementos de costos.
El informe técnico que motivó la paralización también identificó que la empresa contratista no cumplió con implementar medidas mínimas de conservación ni con prevenir los daños estructurales durante el retiro de pisos coloniales. Esto comprometió la integridad del museo y llevó a la Mesa Directiva del Congreso a resolver el contrato en abril de 2025.
Hasta la fecha de la paralización, se había ejecutado más de S/ 5 millones equivalentes al 33,78 % del presupuesto total de S/ 13 millones, pero el avance físico de la obra era menor a lo proyectado. A la fecha, el Congreso no ha informado si reactivará el proyecto ni qué entidad asumiría su continuidad, tampoco ha explicado cómo se utilizará el presupuesto restante de más de S/ 8 millones. La Contraloría ha recomendado una revisión técnica integral del expediente y una auditoría del gasto ya ejecutado.
Según Eulalia Jurado,doctora en Economía, socióloga y docente universitaria, la paralización de una obra pública tras una fuerte inversión refleja una debilidad institucional preocupante. Este tipo de decisiones afectan más allá del aspecto económico. Desde lo social, lo que se percibe es abandono y falta de planificación. La ciudadanía ve que el Congreso invierte millones y no entrega resultados, lo que alimenta la desconfianza, señaló. Además, advirtió que no rendir cuentas sobre obras inconclusas deteriora la legitimidad del Estado y debilita el vínculo entre instituciones y sociedad, no solo se trata de restaurar un museo, sino de respetar un espacio simbólico vinculado a la memoria histórica del país.
La paralización de una obra que buscaba revalorizar la sede del Poder Legislativo ha sido interpretada como un símbolo de mala gestión estatal. El Museo del Congreso y de la Inquisición no solo alberga documentos históricos, sino que es uno de los pocos espacios culturales bajo responsabilidad directa del Legislativo. Su cierre indefinido, tras una inversión parcial millonaria, afecta tanto el acceso a la memoria histórica como la credibilidad en la capacidad de gestión del Congreso.
Por: Diego Chávez