Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), la crisis en la gestión de residuos se presenta cuando un país no cuenta con los recursos suficientes para manejar los desechos generados por su población y sus actividades económicas. En las obras públicas, el área de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente “SSOMA” se encarga del procesamiento de los elementos desechados a fin de asegurar un ambiente seguro en un contexto laboral.
La ingeniera ambiental Rosmeri Benigno Vega, quien labora en el área SSOMA en el Consorcio Ingeniería Diamante, explica que la gestión de residuos sólidos empieza con una buena planificación. Desde su origen, se clasifican en zonas seguras y señalizadas y luego se trasladan a puntos autorizados. Durante el proceso, el personal es capacitado para lograr la segregación, el reciclaje y el cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos.
Las normativas aplicadas en campo incluyen la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Sólidos y el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La especialista explica que estas se implementan mediante instrumentos como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobados por la entidad correspondiente.
Desde el área SSOMA, los ingenieros ambientales verifican que se cumplan los compromisos establecidos, se realiza seguimiento técnico, se reportan los avances y se aplican medidas correctivas cuando es necesario.
Uno de los principales problemas, según la ingeniera ambiental, es la falta de presupuesto asignado para la gestión ambiental, además del limitado conocimiento del tema entre el personal técnico y la demora en la aprobación de los estudios ambientales. A ello se suma la carencia de infraestructura adecuada para la disposición de residuos en ciertas regiones.
Esta situación afecta directamente a obras públicas que deben cumplir estándares ambientales sin contar siempre con el respaldo necesario. Por eso, la ingeniera considera que el área SSOMA debería participar desde el inicio del proyecto, no solo durante la ejecución. Señala que, si se le otorga más presencia, presupuesto y capacidad de decisión, el componente ambiental dejaría de verse como un requisito más y pasaría a ser parte real del desarrollo de una obra pública exitosa.
Según el Ministerio del Ambiente, en el 2022, el 54% de los residuos sólidos se disponen en rellenos sanitarios, mientras que el resto se entierra, quema o abandona en espacios públicos. Esta deficiencia estructural complica el cumplimiento de los planes ambientales en las zonas donde se desarrollan obras.
Ante esta problemática, la especialista Benigno plantea que mientras no se priorice el financiamiento ambiental en los proyectos de inversión pública, será difícil garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión. Esto representa no solo un riesgo para el ambiente, sino también un obstáculo para la eficiencia y sostenibilidad de las obras.
Por: Astrid Cordova
