La congresista Noelia Herrera Medina, de la bancada de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que busca que los jóvenes «ninis» –aquellos que ni estudian ni trabajan– realicen el servicio militar obligatorio.
El objetivo es ofrecerles disciplina, formación técnica y capacitación laboral, con la esperanza de reintegrarlos al mercado laboral o al sistema educativo. Sin embargo, la propuesta ha generado opiniones encontradas entre la juventud, las fuerzas del orden y especialistas en derechos humanos.
El contexto del desempleo juvenil en Perú
La propuesta surge ahora que las cifras de desempleo juvenil en el Perú han alcanzado niveles preocupantes. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), existen 30,000 jóvenes sin trabajo, con una tasa de desempleo de 14.4%.
Además, ellos tardan en promedio 3.2 semanas en encontrar un nuevo trabajo, un récord de más de cinco años en el país, y un aumento de 26.9% frente al mismo período evaluado en 2023. A esto se suma el hecho de que muchos jóvenes enfrentan dificultades para acceder a estudios superiores o técnicos, lo que ha llevado a que el fenómeno de los «ninis» se expanda en distintas regiones del país.
El debate sobre este controversial proyecto de ley apenas comienza en el Congreso, y se espera que en las próximas semanas se realicen consultas y reuniones con expertos en educación, derechos humanos y el sector laboral para analizar sus posibles implicaciones y poder ajustar la propuesta a las realidades del país.
Reacciones divididas por proyecto
La propuesta ha recibido tanto apoyo como críticas. Sus defensores argumentan que el servicio militar podría ser una solución a la falta de oportunidades para los jóvenes y un mecanismo para reducir la delincuencia y el desempleo juvenil: «Es una forma de darles un futuro a aquellos jóvenes que están estancados», sostuvo el congresista Edwin Martínez.
Opinión de la juventud afectada
Gustavo Castillo, un joven que recientemente perdió su trabajo y no se encuentra estudiando, expresó su disconformidad con la ley: «Me parece injusto que quieran imponer el servicio militar sólo porque no estoy estudiando ni trabajando en este momento. Acabo de perder mi trabajo y estoy buscando otra oportunidad, pero con esta ley parece que te castigan por estar en una situación complicada» comentó. Castillo también enfatizó que, en lugar de obligar a los jóvenes al servicio militar, el gobierno debería invertir en programas que ayuden a encontrar trabajo o a capacitarse en áreas de interés.
Por otro lado, Cristian Atuncar, un oficial de la Marina de Guerra del Perú, está en contra de esta medida compartió su desacuerdo: “Creo que el servicio militar es un acto de amor a la patria que debe ser voluntario. Obligar a los jóvenes a inscribirse le quita ese valor de entrega y compromiso genuino. No se puede imponer algo tan significativo como el amor a la patria. En lugar de forzarlos, deberíamos enfocarnos en crear programas que les ayuden a desarrollarse y encontrar su camino por su cuenta. No todos los jóvenes van a beneficiarse del entorno militar, y muchos pueden verlo como un castigo en lugar de una oportunidad”.
La perspectiva de las fuerzas del orden
El suboficial de la policía Francisco Saavedra apoyó la propuesta, argumentando que podría ayudar a reducir los índices de delincuencia juvenil: «He notado que muchos jóvenes que caen en la delincuencia a menudo provienen de entornos con pocas oportunidades,» explicó. Saavedra considera que el servicio militar obligatorio podría proporcionar a estos jóvenes una estructura, disciplina y habilidades que les ayuden a canalizar su energía de manera positiva: «Sí más jóvenes están ocupados en actividades constructivas, habrá menos oportunidades para que se involucren en delitos» agregó.
La discusión sobre el servicio militar obligatorio para jóvenes «ninis» en Perú pone en discusión la necesidad de abordar los problemas laborales y educativos que enfrentan los jóvenes en el país. Si bien el objetivo de reinsertar a este sector en el mercado laboral o educativo es necesario, la medida debe garantizar el respeto a los derechos humanos y ofrecer soluciones que vayan más allá de la militarización.
Por ahora, el proyecto continúa en revisión, y su futuro dependerá de los debates en el Congreso y la respuesta de la sociedad peruana.
Por: Deborah Madueño
